El 30 de julio, el Departamento de Justicia anunció varios acuerdos con un grupo de proveedores de servicios de modificación de préstamos hipotecarios con sede en California para resolver alegaciones de que los demandados violaron la Ley de Vivienda Justa al dirigirse a propietarios hispanos para servicios de modificación de préstamos hipotecarios abusivos e interferir con la capacidad de los propietarios de mantener sus hogares. Según el Departamento de Justicia, los demandados persuadieron a 400 propietarios hispanos a pagar aproximadamente 5 5,000 por auditorías anunciadas como esenciales para modificaciones de préstamos, pero en realidad no tuvieron impacto en el proceso de modificación y no proporcionaron ningún beneficio financiero. Además, el Departamento de Justicia afirmó que los demandados «alentaron a sus clientes a dejar de hacer pagos hipotecarios y les ordenaron que cesaran el contacto con sus prestamistas», lo que llevó a que muchos propietarios perdieran sus casas debido a hipotecas en mora. La demanda surgió de las quejas presentadas ante el HUD por dos de los antiguos clientes de los acusados, que intervinieron en la demanda, junto con su abogado, Defensores de los Derechos Económicos y de Vivienda (HERA, por sus siglas en inglés) y miembros de la familia de uno de los antiguos clientes.
Mientras que tres de las compañías identificadas como demandadas en la demanda cesaron sus operaciones, los acuerdos de conciliación resuelven las acusaciones contra las personas responsables de poseer y operar las compañías ahora extintas. Según los términos de los acuerdos, los acusados han acordado, entre otras cosas, i) abstenerse de incurrir en la conducta discriminatoria; y ii) contribuir con más de 148.000 dólares a un fondo de restitución para reembolsar los honorarios pagados a los acusados por antiguos clientes. Además, cinco de los acusados individuales han acordado pagar 4 405,699 adicionales en juicios suspendidos si se determina que los acusados tergiversaron su situación financiera actual. El Departamento de Justicia señaló que los acusados individuales también habían acordado una indemnización adicional de 91.650 dólares en acuerdos separados concertados con sus antiguos clientes y HERA.