Probar la culpabilidad «más allá de una duda razonable» se refiere al estándar de prueba que la fiscalía debe cumplir en un caso penal. El estándar de prueba es el nivel de certeza que cada miembro del jurado debe tener antes de determinar que un acusado es culpable de un delito.
En la práctica, es imposible definir con precisión «duda razonable.»Sin embargo, puede ser más fácil de entender al contrastarlo con los estándares de prueba utilizados en los juicios civiles. En un juicio civil, donde la libertad de una persona no está en juego, hay dos posibles estándares de prueba que deben cumplirse en un caso. Uno es el estándar de «preponderancia de la evidencia», lo que significa que es más probable que ciertos hechos o pruebas presentados en el juicio sean ciertos (un poco más del 50% está bien). El otro estándar es «por evidencia clara y convincente», lo que significa que hay una alta probabilidad de que una pieza de evidencia sea cierta. La duda razonable se define de manera algo diferente dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, pero esencialmente, un miembro del jurado puede tener alguna duda en su mente, pero no puede afectar la «certeza moral» de una persona razonable de que un acusado es culpable. Debido a que la libertad de un acusado a menudo está en juego en un juicio penal, el estándar de duda razonable es el estándar más alto en el sistema legal.
Otro componente vital del juicio penal es el requisito de que la carga de la prueba recaiga en la fiscalía.»Un acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y por lo tanto, el trabajo de la fiscalía es construir un caso contra el acusado, no al revés. Esto puede parecer una distinción menor, pero si la fiscalía simplemente tuviera que acusar al acusado de un delito y luego esperar a que el acusado pruebe que no lo hizo, un fiscal corrupto podría acusar a cualquiera de cualquier delito, sin pruebas. Si, bajo ese sistema, el acusado no tenía coartada, el jurado podría verse obligado a condenar basándose en muy pocas pruebas.
Los redactores de la Constitución desconfiaban de un sistema jurídico con demasiado poder, y prometieron que ninguna persona bajo la ley debería ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Exigir a la fiscalía que pruebe cada elemento de un delito más allá de toda duda razonable es una forma en que el sistema de justicia protege el derecho fundamental de cada acusado al debido proceso.